Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) rescindió el contrato con la empresa italiana Drillemc para la provisión de tres taladros ante los cuestionamientos surgidos al proceso de adjudicación, informó el presidente de la estatal Guillermo Achá. Añadió que continúa en el cargo hasta tanto no haya otra disposición.

La Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos detectó irregularidades jurídicas, administrativas y técnicas en la compra de los equipos a la firma italiana en abril de 2016. Hay una denuncia en la Fiscalía y 15 funcionarios de la firma fueron apartados.

"Nosotros ya hemos hecho la disolución de este contrato, hemos notificado a la empresa Drillmec y esperaremos una respuesta oficial de esa instancia", informó en una rueda de prensa.

Reiteró que ni su persona ni el Directorio de YPFB formaron parte la firma del contrato e identificó a la Gerencia de Perforación como Unidad Gestora y a la comisión jurídica, administrativa y técnica de llevar adelante el proceso.

"Dentro de todas estas comisiones se tiene la representación del responsable del proceso de contratación y debo señalar enfáticamente que la presidencia ejecutiva en ningún caso es partícipe, es gestora ni tampoco hace algún tipo de evaluación con respecto al proceso de contratación, para eso se establece este reglamento donde se tienen responsabilidades y atribuciones", insistió.

Sobre la autorización de incrementar $us 60 millones al precio referencial de la convocatoria para la compra de los tres taladros, adjudicada a Drillmec por $us 148,88 millones, Achá señaló que se debió a que en el primer proceso de contratación hubo propuestas muy por encima del precio referencial pero que no cumplían las garantías de los equipos de perforación.

"Para precautelar la garantía de estos equipos se pidió cotizaciones sobre fabricantes de equipos de perforación que derivó en el incremento de costo en una segunda convocatoria", indicó y dijo que coadyuvará en la investigación de la Fiscalía si lo convocan ya que –aseguró– que obró de manera transparente y no tiene nada que ocultar.

"Mientras yo no tenga otro tipo de instrucción por parte de las autoridades de Estado, yo voy a continuar desempeñando las funciones porque entiendo que si bien se tienen estas observaciones hoy este proceso se encuentra en una investigación", añadió.

El 18 de abril, el ministro de Justicia, Héctor Arce, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra 16 personas, una de ellas representante de la firma italiana, por la "compra irregular" de los tres equipos. Los funcionarios de la estatal petrolera fueron apartados de sus cargos.

La firma contratada afirmó que Achá autorizó la construcción de los equipos, lo que fue rechazado por la empresa petrolera. No obstante, Arce pidió un informe.

(Publicado por La Razón – Bolivia, 27 abril 2017)
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