jueves, 20 de abril de 2017

Dictadura

Corte abrió el camino para las prisiones domiciliarias : Argentina

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las firmas de los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, resolvió ayer revocar la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había dejado sin efecto el arresto domiciliario de Felipe Jorge Maqueda, condenado por sentencia no firme por crímenes de lesa humanidad, por considerar que "carecía de fundamentación, disponiendo el dictado de un nuevo pronunciamiento".

Los ministros Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco votaron en disidencia y quedaron en minoría: entendía que correspondía no tratar el recurso y "mantener el arresto en el establecimiento carcelario donde se hallaba alojado".

En el caso, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había revocado el arresto domiciliario de Alespeiti sobre la base de considerar el riesgo de fuga y el compromiso de la responsabilidad internacional del Estado argentino de garantizar efectivamente el cumplimiento de la pena. Además, había opinado que en este tipo de causas no debía "estarse a la edad o aptitud de salud del imputado, sino también considerarse la capacidad de la persona e influir en las estructuras de poder del que formó parte y con el que conformó una red continental de represión".

Contra esa decisión, la defensa dedujo un recurso extraordinario que fue concedido y resuelto este martes por el Máximo Tribunal. Días atrás, el debate sobre la prisión domiciliaria de militares condenados fue reavivado por declaraciones del flamante obispo castrense, Santiago Olivera, que se manifestó a favor de esta medida.

"La prisión domiciliaria no es una puerta cerrada. Si una persona mayor de las fuerzas armadas tiene el mismo derecho que otra en su condición, ¿por qué no dárselo?. Por más que se haya equivocado gravemente tiene ese derecho. Aunque tampoco fueron todos. algunos no se han equivocado gravemente", aseguró el obispo designado por el Papa Francisco.

Alespeiti fue condenado a 22 años de prisión por privación ilegítima de libertad agravada, con violencia y amenazas reiteradas en 16 hechos calificados como delitos de lesa humanidad. En su decisión de ayer, estos fueron los argumentos de los jueces que votaron a favor del pedido del militar retirado:

Argumentos del ministro Juan Carlos Maqueda

- "En procesos en los que se dilucidan hechos vinculados al inconcebible horror que primó durante la última dictadura militar, el respeto al enorme sufrimiento que éste provocó y que se encuentra todavía vigente debe llevar al Poder Judicial, del que este Tribunal es cabeza, a actuar con la más alta responsabilidad institucional en el ejercicio de su jurisdicción".

- "De ningún modo el dictado de este fallo, por el que se consideraba inválida la denegatoria del arresto domiciliario de Alespeiti, puede implicar tolerar o fomentar que, como un subterfugio que brinde amparo a alguna forma de impunidad, se adopten temperamentos análogos cuando ello no está verdaderamente justificado en circunstancias fundadas".

- Y reiteró "la importancia de que toda concesión de la prisión domiciliaria cumpla con los requisitos legales y sea precedida de una instancia en la que las partes puedan hacer pleno uso del derecho a controlar las conclusiones de los informes médicos o interdisciplinarios y a plantear las cuestiones que estimen pertinentes para la correcta resolución de la incidencia".

- "La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal no había ponderado si, sobre la base de las circunstancias del estado de salud de interdisciplinarios reseñadas por los profesionales médicos que examinaron al recurrente -paciente de 85 años de edad, con diversas patologías cardíacas, evolutivas, crónicas, irreversibles y susceptibles de complicación, que presenta trastorno senil con deterioro funcional, tiene pérdida del setenta por ciento de la visión en uno de sus ojos, sufre de hipoacusia con compromiso en su desempeño social auditivo y posee limitada capacidad de locomoción-, la detención en un establecimiento carcelario podía agravar su estado y si éste resultaba efectivamente apto para resguardarlo".

Argumentos del ministro Horacio Rosatti

- "Pese a la atrocidad de los crímenes que se le imputaban al acusado, el legislador no había previsto un régimen especial sobre las condiciones en las que el señalado debía transitar el proceso, como tampoco sobre las modalidades de ejecución de la pena para el caso de resultar condenado, debiendo el juez ponderar -en cada caso concreto- el nivel de restricción a la libertad aplicable, cuidándose de no formular reglas generales que son ajenas a su competencia y propias del poder legislador".

- También criticó la anterior decisión de Casación: "No quedó demostrado en el expediente, para negar el arresto domiciliario al imputado mientras se desarrolla el proceso penal, cómo se conforma 'el riesgo de fuga' de una persona de 85 años de edad, que conserva un treinta por ciento de visión en uno de sus ojos, sufre de una hipoacusia que compromete su desempeño social auditivo, es portador de patologías crónicas –cardíacas, entre ellas– evolutivas, irreversibles y susceptibles de complicación, presenta trastorno senil con deterioro funcional, limitada capacidad de locomoción, requiere controles médicos periódicos, medidas higiénico-dietéticas acordes e interconsultas con siete especialistas médicos distintos".

- "La humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado del Derecho, para diferenciarse de la barbarie, la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes".

Argumentos del juez Carlos Rosenkrantz

- Coincidió con el argumento de Rosatti "respecto de la carencia de fundamentación de la resolución que había revocado la concesión del arresto domiciliario a interconsultas y sobre la falta de prueba respecto de la existencia de riesgos procesales". También, que "el Estado de Derecho hace imprescindible el respeto de los principios constitucionales de legalidad y debido proceso, incluso para aquellos imputados o condenados por la comisión de delitos aberrantes".

Jurisprudencia

Con la sentencia firmada el martes -que revocó una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal y otorgó la prisión domiciliaria al represor Jorge Alespeiti- la Corte Suprema de Justicia dio un paso hacia la posibilidad de que el resto de los mayores de 70 años detenidos por delitos de lesa humanidad y que padecen diversas enfermedades puedan ser enviados a cumplir la pena en sus domicilios.

Así se desprende de la decisión adoptada por los dos nuevos integrantes del tribunal, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. más el voto de Juan Carlos Maqueda. No adhirieron a esa postura el presidente y la vicepresidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, quienes directamente rechazaron estudiar el recurso por inadmisible.

El argumento de la mayoría de la Corte fue que los jueces de la Casación no supieron explicar cuál era el riesgo de fuga o eventual entorpecimiento de la investigación si le daban la prisión domiciliaria a Alespeiti, como pedía su defensa, dado su estado de salud.

Alespeiti fue condenado a en 2009 a cumplir 22 años de prisión al ser hallado culpable de 107 casos de secuestros y desapariciones forzadas de personas durante la dictadura, en la que se desempeñó como jefe del Area II de la Subzona Capital Federal.

El represor, de 85 años, padece "diversas patologías cardíacas, evolutivas, crónicas, irreversibles y susceptibles de complicación", además de presentar un "trastorno senil con deterioro funcional" y tener una "pérdida del setenta por ciento de la visión en uno de sus ojos", También "sufre de hipoacusia con compromiso en su desempeño social auditivo y posee limitada capacidad de locomoción", según el resumen de los informes médicos citados en el fallo analizado por la Corte.

La mayoría del máximo tribunal sostuvo que la Cámara de Casación "resolvió revocar la prisión domiciliaria" que el Tribunal Oral Federal 5 le había concedido a Alespeiti "omitiendo ponderar debidamente tanto si, en función de las particulares circunstancias de salud que registra el nombrado, además de su avanzada edad, la detención en un establecimiento penitenciario podía comprometer o agravar su estado como también si la unidad carcelaria correspondiente resultaba efectivamente apta para alojarlo, resguardar su estado y tratarlo en forma adecuada".

"El fallo carece de la debida fundamentación al omitir toda consideración sobre extremos conducentes para la correcta resolución del asunto", dijo el voto mayoritario. Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz recordaron además la pertinencia de adoptar todos los recaudos necesarios en casos de concesión de prisión domiciliaria.

Entre ellos, mencionaron "la visita semanal y presencial del personal del Patronato de Liberados a los domicilios correspondientes, en contraposición a un control menos frecuente y telefónico", "la notificación a la Dirección Nacional de Migraciones, Policía Federal y demás autoridades encargadas del control del egreso, ingreso y libre circulación por nuestro país, acerca de la restricción que pesa sobre tales imputados no sólo de viajar al extranjero sino también de transitar por el territorio nacional" o "bien la verificación de las condiciones necesarias para la implementación del monitoreo previsto en la ley 24.660", en referencia a la tobillera electrónica.

Según el CELS, hay 2949 acusados por delitos de lesa humanidad; 1120 de ellos están detenidos, 1285 libres y 49 prófugos. Entre los condenados, al 17 de marzo pasado había 309 presos en cárceles y unidades militares, 231 en prisión domiciliaria y 139 libres

(Publicado por El Clarín - Argentina, 20 abril 2017)
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