Un tribunal
de República Dominicana validó el miércoles un acuerdo mediante el cual el
gobierno renuncia a procesar judicialmente a los empleados de la compañía
brasileña Odebrecht involucrados en un millonario esquema de sobornos y permite
que la empresa continúe sus operaciones a cambio información y el pago de una
multa de US$ 184 mlls.
El fallo
del tribunal "acelera y agiliza la investigación; nos acerca a llevar a la
justicia a los sobornados", consideró en conferencia de prensa el procurador
general Jean Alain Rodríguez al término de la audiencia en la que no se
permitió el ingreso de la prensa. Explicó que con base en el acuerdo, el 19 de
mayo se podrían los nombres de los sobornados para procesarlos.
La decisión
del tribunal se produjo con base en una nueva motivación presentada por la
Procuraduría General a favor del acuerdo, luego de que otro juez lo había
declarado inadmisible en marzo por considerar que las sanciones requerían
"mayor rigurosidad".
La
Procuraduría General, que negoció el acuerdo con los representantes de la
compañía en enero, explicó en un comunicado previo a la audiencia que
justificaría el convenio ante el tribunal con base en el criterio de
oportunidad.
En el fallo
emitido el miércoles, el tribunal admitió como válidas todas las partes del
convenio.
"El
tribunal ha hecho una correcta administración de justicia", dijo el
abogado de Odebrecht, Robert Valdez, al término de la audiencia.
El convenio
no había sido difundido de forma pública en su totalidad y, según la
Procuraduría, establece que en un máximo de 60 días Odebrecht deberá entregar
información sobre los sobornos, los beneficiarios de las coimas y pruebas
documentales, así como comprobantes de transferencias bancarias y
comunicaciones por correo electrónico. Rodríguez aseguró que la empresa se
comprometió después a reducir el plazo a 30 días.
La multa de
US$ 184 mlls, que representa el doble de los sobornos, será pagada en
un plazo de ocho años y Odebrecht podrá continuar sus operaciones en el país y
participar en futuras licitaciones públicas.
"Esta
sentencia marca un hito en materia de corrupción", insistió el procurador
Rodríguez.
De acuerdo
con documentos difundidos por el Departamento de Justicia estadounidense, la
constructora Odebrecht pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en 12
países, de los cuales 92 millones fueron distribuidos en República Dominicana
para conseguir contratos de obras públicas.
Desde que
comenzó a operar en el país Caribeño en 2002, Odebrecht ha participado en 17 de
las obras de infraestructura más importantes que ha construido el gobierno,
como presas hidroeléctricas, autopistas, acueductos y una termoeléctrica. De
las 17 obras, 15 fueron construidas durante los gobiernos encabezados por el
Partido de la Liberación Dominicana, del que es miembro el presidente Danilo
Medina.
Luego de
que el gobierno estadounidense reveló los sobornos, la Procuraduría abrió una
investigación, allanó las oficinas de Odebrecht en al país, ha interrogado a
dos decenas de funcionarios y representantes de la compañía. El ministerio
público no ha revelado los nombres de ninguno de los beneficiarios de los
sobornos, por lo que organizaciones de la sociedad civil han realizado diversas
marchas multitudinarias para exigir que una comisión independiente realice la
investigación y que Odebrecht deje de operar en el país.
Manuel
Jiménez, un exdiputado y dirigente de los grupos civiles que promueven las
marchas, anunció el miércoles que a través de su grupo apelará la sentencia que
valida el acuerdo.
Los grupos
civiles también demandan con sus marchas que el presidente Medina difunda todos
los documentos de su relación contractual con el publicista Joao Santana, quien
fue su estratega de campaña electoral y es uno de los principales vinculados al
escándalo de corrupción de Odebrecht.
(Publicado
por AP, 20 abril 2017)
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