miércoles, 19 de abril de 2017

Negocios

El Canal compró una empresa brasileña por 21 millones que al año valía la cuarta parte: España

Uno de los principales frentes que tiene abierto el Canal de Isabel II debido a su polémica expansión por Sudamérica se centra en la compra de la empresa brasileña Emissao en 2013, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. La oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos) presentó el pasado 6 de marzo un informe a la Fiscalía contra la Corrupción en el que se indicaba que el Canal abonó por Emissao 21,5 millones en 2013; al mes la empresa valía la mitad de ese importe (10,2 millones); al año, una cuarta parte (5,1) y ahora está en pérdidas.
La oposición cifra el quebranto económico por esta adquisición en 35 millones de euros.La operación se realizó a través de una sociedad instrumental, la uruguaya Soluciones Andinas de Agua, que carece de actividad, y los pagos procedieron de cuentas en Suiza.

Previamente, en julio de 2016, el Gobierno de Cristina Cifuentes (PP), que intenta distanciarse de las operaciones que realizó el Canal aunque fueron realizadas por gobiernos de su propio partido, presentó ante la Fiscalía General del Estado un escrito relativo a las anomalías que habían detectado en el proceso de compra de Emissao. El Gobierno regional no ha desvelado nunca el contenido de su denuncia, a pesar de las reiteradas peticiones por parte de la oposición.

Los parlamentarios madrileños llegaron a estas conclusiones tras investigar los movimientos del Canal de Isabel II en la comisión abierta contra la corrupción. En ese momento declararon que se habían decidido a dar el paso debido a que carecen de "los medios necesarios para llevar adelante una investigación más detallada" y a que "pueden haberse producido ilícitos penales".

El escrito presentado a la Fiscalía advierte también sobre la falta de control que, en su opinión, ha existido sobre estas inversiones y no descartan que haya ocurrido algo parecido en otras adquisiciones. Se preguntan por qué nadie detecto las irregularidades, ni la auditoría del Canal, ni la Cámara de Cuentas ni la auditoría externa ejercida por la firma KPMG.

El escándalo desencadenó una serie de destituciones. Cayeron dos de los responsables de Canal: la directora Financiera y de Desarrollo de negocio, María Fernanda Richmond, y el director de Recursos, Fernando Cevallos. También salió Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de Inassa, una de las filiales del Canal en Latinoamérica, que participó en la compra. El escrito indica que el Gobierno tomó esta decisión después de que apareciera vinculado en los papeles de Panamá a tres empresas.

No es el único escándalo que se ha producido en torno a las filiales latinoamericanas del Canal de Isabel II. Un "socio estratégico" de la empresa española en la República Dominicana, Ángel Rondón, está siendo investigado por corrupción por la Procuraduría (fiscalía) General del país caribeño. La constructora brasileña Odebrect le entregó a Rondón a lo largo de varios años 92 millones de dólares (algo más de 85 millones de euros) que presuntamente acabaron convirtiéndose en sobornos a funcionarios dominicanos para conseguir contratos.

En Santa Marta (Colombia) un juez ha obligado a la empresa Metroagua (participada en un 35% por el Canal) a devolver a la ciudad todas las infraestructuras, algo que exigían sus gobernantes. La empresa española indicó que se iría, pero que denunciaría a los tribunales ya que considera que el municipio le adeuda parte de las obras que han llevado a cabo. La sucesión de escándalos en torno a las filiales latinoamericanas de la compañía pública madrileña ha empujado al Gobierno regional a cerrar una docena de filiales.

(Publicado por El País - España, 19 abril 2017)
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