El magistrado José Alejandro Vargas declaró “inadmisible” la solicitud que le hicieron las partes el 10 de febrero para validar el pacto, en el cual el Ministerio Público renunciaba a procesar a los responsables de la compañía.

En su decisión, el magistrado hace constar que aunque ninguna de las partes señala el procedimiento aspirado para la validación del convenio, dejaron claro que se buscaban una solución en base a un acuerdo de la conciliación.

"Es evidente que al recurrir a esa institución, el órgano de persecución penal desborda el principio de legalidad por cuanto condiciona el ejercicio de la acción penal a un criterio de oportunidad que no le es dado en virtud de un mandato legal", argumenta el juez en su fallo.

Refiere que se ignoró, a pesar de haberlo reconocido ambas partes, que se tratan de hechos graves, y en consecuencia, requieren de otro remedio procesal de mayor rigurosidad jurídica.

"Se ordena la devolución del acuerdo a las partes que lo han convenido, Ministerio Público y empresa Odebrecht, a fin de que lo promuevan al amparo del procedimiento establecido para los casos que comportan la gravedad de los hechos que se investigan”, precisa el fallo.

En el acuerdo, la compañía brasileña se comprometía a retribuir al Estado dominicano con una compensación de US$184 millones por los sobornos pagados para conseguir contratos a cambio de que el Ministerio Público renunciara a procesar judicialmente a sus empleados.

"Disponer la prescindencia o extinción de la acción penal en favor de Odebrecht, su grupo económico y empleados directos, homologando el acuerdo entre las partes y declarar extinguida la acción penal", aduce el acuerdo.

De igual modo, el juez Vargas, acogió la solicitud del Ministerio Público para declarar la complejidad del caso. En su decisión, "declaró buena y válida" la petición del procurador Jean Alain Rodríguez de realizar una investigación abierta en contra de la constructora por la presunta violación a los artículos 166, 167 y 175 del Código Penal Dominicano, las leyes sobre soborno transaccional en el comercio y la inversión y 72-00 de lavado de activos provenientes del narcotráfico u otras infracciones graves.

Además, autoriza a llevar a cabo la investigación tramitando las pesquisas bajo el amparo del Código Procesal Penal que le permite solicitar un criterio de la oportunidad si el imputado colabora.

Acuerdo
A cambio del pago -que duplica el monto de las coimas- la Procuraduría también se obligaba a pedir la suspensión de medidas cautelares contra la empresa, como su inhabilitación temporal para contratar con el Estado.

"Es un remedio sencillo para una enfermedad muy grave", manifestó Vargas, coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, al leer la sentencia.

El juez consideró que el Ministerio Público no está facultado legalmente para realizar este tipo de arreglos, y ordenó que el acuerdo se ajuste al "procedimiento establecido para los casos que comportan la gravedad de los hechos que se investigan".

Organizaciones civiles habían pedido al juez rechazar la conciliación, por considerar que dejaba el caso en la impunidad.

"Alejandro Vargas tiene dos opciones, unirse al pueblo o a los ladrones", gritaron este miércoles decenas de activistas del movimiento cívico Marcha Verde frente al Palacio de Justicia en Santo Domingo, donde se leyó la decisión.

Convocados entre otros por dicha asociación, el pasado 22 de enero decenas de miles de personas se movilizaron en Santo Domingo contra la impunidad en el caso Odebrecht.

Además, organizaciones civiles recolectaron unas 300,000 firmas de ciudadanos que exigen la designación de fiscales independientes.

Los activistas piden que a los implicados se les aplique la ley de soborno, que prevé penas de hasta diez años de cárcel y una prohibición para contratar con el Estado.

También, la extradición de Marco Antonio Vasconcelos, exgerente general de Odebrecht en el país, como presunto responsable de los sobornos.

En República Dominicana todavía no hay procesados por el escándalo, pero el pasado lunes, en su informe anual ante el Legislativo, el presidente Danilo Medina pidió paciencia y garantizó que los culpables tendrá castigo.

PGR estudia sentencia
Un cuerpo de abogados de la Procuraduría General de la República (PGR) está estudiando la decisión del juez José Alejandro Vargas, para decidir los procedimientos a adoptar en torno al rechazo a la validación del acuerdo con la constructora Odebrecht.

Desde ayer, el procurador Jean Alain Rodríguez sostenía reuniones con abogados y la directora de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Laura Guerrero Pelletier.

(Publicado por AFP y Diario Libre - República Dominicana, 2 marzo 2017)
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