La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado la apertura de juicio oral contra el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y contra el anterior consejero delegado de la energética andaluza, Manuel Sánchez Ortega, por el caso de las indemnizaciones de 11,5 millones y 4,5 millones de euros respectivamente que se fijaron para su salida de empresa en septiembre de 2015. La magistrada también sienta en el banquillo a los exconsejeros de Abengoa Mercedes Gracia Díez, Alicia Velarde y Antonio Fornielles, quienes participaron en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en las que se dio luz verde al pago de los paracaídas dorados cuando la compañía arrastraba una deuda de 9.000 millones de euros.
La magistrada atribuye a los exdirectivos y a los exconsejeros delitos de administración desleal. Tanto el fiscal de la Audiencia Nacional José Perals como los bonistas de Abengoa que se querellaron contra ellos, pide cinco años de prisión para Benjumea y cuatro años y tres meses para Sánchez Ortega, así como como tres años y medio para el resto de acusados.
En el auto, la juez requiere a Benjumea, Gracia Diez, Velarde y Fornieles para que en 24 horas presten fianza por responsabilidad civil, de forma conjunta y solidaria, por un total de 3,43 millones de euros. El expresidente de Abengoa ya afianzó 11,5 millones de euros en diciembre de 2015. Ahora, la magistrada le reclama un tercio más de esta cantidad, como estipula la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En el caso de Sánchez Ortega, la magistrada también le requiere para que en el plazo de 24 horas preste fianza por 1,33 millones de euros. Esta cantidad resulta de restar a la fianza de 5,83 millones euros que se le impone (4.484.000 euros que presuntamente cobró de forma indebida, más el tercio estipulado en la ley) los 4.500.000 que ya afianzó a lo largo del procedimiento.
Parte de la indemnización —siete millones de euros— cobrada por Benjumea, presidente del Abengoa desde 1988, correspondía a una cláusula de permanencia en la empresa hasta los 65 años. Según el fiscal José Perals, Benjumea se marchó voluntariamente de la empresa, pero “decidió aparentar su marcha de la sociedad como si fuera una condición impuesta por los bancos y de obligado cumplimiento”.
El ministerio público señalaba que el presidente de la energética “cobró unas indemnizaciones a las que no tenía derecho y que no se correspondían con la realidad de los acontecimientos”, ya que además, tras cesar como presidente, permaneció en el Consejo de Administración bajo la denominación de “asesor” del Consejo, cobrando idéntico sueldo al que venía cobrando como consejero.
El fiscal consideraba que no hay constancia de que “nadie dentro de Abengoa, y mucho menos dentro de su Consejo de Administración, le obligara o coaccionara, ni siquiera aconsejara” a Benjumea que presentara la dimisión. Según el escrito, las “sucesivas y precipitadas reuniones” del Consejo de Administración y de la Comisión de Retribuciones, así como la carta de renuncia del presidente de la empresa “únicamente alcanzan sentido desde el entendimiento de que a través de ellas se encubrió lo que realmente fue una salida voluntaria”.
(Publicado por El País - España, 16 febrero 2017)
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