El ministro Sergio Bergman y el subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental, Juan Trebino, señalaron que en la inspección que las autoridades federales hicieron a principios de esta semana se detectaron contradicciones e inconsistencias en los procesos de control y verificación de las contenciones del material contaminante, por lo que se presentarán en los tribunales federales de San Juan para que las autoridades judiciales identifiquen las responsabilidades del caso.

A mediados de septiembre, la minera Barrik Gold informó un nuevo derrame de cianuro en una de las cañerías del yacimiento de Veladero. Pero el derrame se produjo seis días antes de la comunicación oficial de la empresa, que luego del incidente aseguró que éste no produjo ningún daño ambiental. Hace un año había ocurrido otro derrame de cianuro en la misma mina que la empresa canadiense opera en la provincia de San Juan.

Los funcionarios informaron que se tomaron diversas muestras de agua en la zona de Veladero, dentro y fuera del área de trabajo de la minera, y que los resultados de esos análisis también serán presentados a la Justicia cuando se completen. "En términos generales nuestra presentación judicial tiene que ver con el protocolo de procedimientos, hay que verificar si hay un plan de contención de riesgos presentados y si el mismo esta consolidado en obras de infraestructura. También queremos verificar cómo fue la cadena de comunicación y comando desde el momento que se detecta la falla en la contención el 8 por la madrugada, hasta que se hace pública por un comunicado de prensa de la minera Barrick el 14", señaló el ministro.

"Todavía no están los resultados de las muestras que tomamos y que fueron enviadas a los laboratorios de AySA, pero ya con lo que vimos de la manera en la que la empresa maneja los residuos peligrosos y de las imprecisiones y demoras en el registro y documentación de la falla en la contención del valle de lixiviación tenemos suficientes elementos para presentarnos ante la Justicia", añadió.

"La Nación no tiene competencia en la explotación minera de las provincias, pero podemos elevar una denuncia para que la Justicia dirima si hubo delito, negligencia o duelo. Somos una especie de ente fiscalizador para que cada uno en su autonomía fije su presupuesto mínimo ambiental, líneas de acción que deben cumplir por ley", explicó el ministro.

(Publicado por El Clarín - Argentina, 22 septiembre 2016)
_______________