La fiscal
jefa de la Unidad de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, abrió una
causa donde se indaga la participación de Endesa Chile en eventuales pagos
irregulares a Personas Expuestas Políticamente (PEP). Esta última definición
corresponde a quienes ocupan cargos políticos, su cónyuge y parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad (abuelos, padres, hijos, hermanos, nietos,
etc.), afines (cuñados) y, en algunos casos, hasta sus socios.
Esta
investigación se da luego de que desde España (país donde Enel, controladora de
la firma, tiene operaciones) se enviara un requerimiento internacional a Chile,
mediante la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex) de la
Fiscalía Nacional, donde se solicitó una serie de antecedentes sobre la
empresa.
La
indagatoria busca esclarecer pagos de Endesa a
estas PEP, los que fueron rectificados en junio de 2015 ante el Servicio
de Impuestos Internos (SII). Aunque el Ministerio Público declinó referirse al
caso, confirmó la existencia de la investigación sin entregar más detalles.
Según
informó Endesa el año pasado mediante un comunicado, el monto corregido ante el
SII ascendió a $ 276 millones por pagos realizado entre 2012 y 2015, argumentando
que carecerían de respaldos suficientes
para justificar el gasto. La decisión se fundamentó en un informe encargado al
estudio Cariola, Diez, Pérez-Cotapos. Consultado el estudio respecto de la
rectificación, rechazaron entregar información, ya que esta se encuentra en
secreto.
Según se
informó en esta instancia, estas rectificaciones, además, motivaron que “la
política de donaciones de Endesa Chile se actualizara con efecto inmediato para
prohibir todo aporte con fines electorales y/o políticos”. También se determinó
que “todos los contratos de cualquier naturaleza con PEP o relacionados a éstas
deberán ser previamente autorizados por el directorio”.
Entre los
pagos rectificados por Endesa el año pasado figuran el recaudador de campañas
presidenciales de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli; el ex senador de RN
Ignacio Pérez Walker y el abogado y yerno de Eduardo Frei y ex recaudador de su
campaña presidencial Pedro Yaconi.
Francisco
Cox, defensor de Yaconi, dijo a La Tercera que "se acompañó al Servicio de
Impuestos Internos documentación y antecedentes que dan cuenta que los
servicios sí fueron prestados, y también se envió una carta a Endesa dando
cuenta de este hecho y manifestando nuestra extrañeza ante las
rectificaciones".
En tanto,
cercanos a Pérez Walker señalaron que el ex senador interpuso una demanda
contra Endesa por medidas prejudiciales probatorias de exhibición de documento.
Esto, por la rectificación que hizo la empresa de los pagos al abogado. Sin
embargo, Pérez los justificó ante el SII diciendo que prestó servicios de
derecho administrativo a la generadora.
En cuanto a
Martelli, su abogado Claudio Pavlic dijo que "dicho pago corresponde a la
realización de un proyecto de guía turística por la necesidad de la empresa
eléctrica de contar con insumos para presentar como trabajo de mitigación en
relación con proyectos que requerían de aprobación para estudios de impacto
ambiental".
Agregó que "este trabajo fue encargado a una empresa de la que es dueño Martelli. El
trabajo se hizo a satisfacción del cliente y fue pagado en el precio que
correspondía, según su naturaleza y relevancia".
Diligencias
en curso
Chong
ordenó a funcionarios de la Brigada de Delitos de Funcionarios (Bridef) de la
PDI que fueran a las dependencias de Endesa a requerir la entrega voluntaria de
una serie de antecedentes de la empresa.
Entre
ellos, se pidió la contabilidad de la firma desde el año comercial 2009 en
adelante e incautar los correos electrónicos de altos ejecutivos.
A la PDI se
le requirió, además, incautar las rectificaciones presentadas por Endesa ante
el Servicio de Impuestos Internos (SII), desde 2009 a la fecha, y tomar
declaraciones a testigos.
Versión de
Endesa
Consultada
la empresa, a través de su agencia de comunicaciones Extend, señalaron que “la
compañía sabe de la existencia de una investigación en curso por parte del
Ministerio Público. Al respecto, dará todas las facilidades para que esta
investigación pueda concluir en buen término”
La Tercera
también intentó contactarse con los socios del estudio Rivadeneira, Colombara,
Zegers & Compañía, quienes asesoran legalmente a la empresa. Sin embargo,
declinaron referirse al tema, argumentando que estaban fuera del país.
(Publicado
por La Tercera - Chile, 15 septiembre
2016)