La estratagema legal pretendía impedir que la documentación relativa al uso por parte de la colosal empresa carioca de empresas offshore y cuentas bancarias en Suiza para el pago de coimas y blanqueo de activos llegaran a manos de los magistrados brasileños que conforman el equipo de investigaciones de Lava Jato (lava autos).

Según confirmó a este diario la Fiscalía General de Suiza, la decisión de denegar el recurso de la defensa de Odebrecht fue tomada “el pasado 10 de agosto” en “4 resoluciones de apelación distintas”. “Estas resoluciones implican la transmisión de los documentos bancarios pertinentes a Brasil”, explicaron las fuentes.

Sin embargo, la entrega a los magistrados cariocas de los miles de documentos que engloban la relación de movimientos financieros operados por los ejecutivos de Odebrecht en la banca suiza -de valor inmenso para las investigaciones que ha sacado a la luz una red de corrupción endémica que traspasa las fronteras de Brasil- tendrá que esperar.

Hasta ahora los fiscales suizos han ganado todas las batallas legales, pero no la guerra. Los abogados de la empresa han presentado una nueva apelación al Tribunal Federal de Lausana, la corte más alta de Suiza. Por consiguiente, el proceso sigue en curso.

Mientras el poderoso equipo legal de Odebrecht lanza su ofensiva para anular las pruebas recopiladas por los magistrados de Suiza, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá resolvió admitir a trámite la asistencia judicial remitida por la fiscalía suiza para obtener información sobre el expresidente Ricardo Martinelli y sus posibles vinculaciones con el supuesto pago de sobornos para aprobar contratos públicos a la constructora.

Desde abril de 2014, Suiza ha abierto unas 60 investigaciones penales basadas en la sospecha de lavado de activos agravado y pago de coimas a funcionarios extranjeros como parte de la red de corrupción en la petrolera estatal de Brasil, Petrobras.

La Ley Federal Suiza (Código Penal) sobre la Lucha contra el Lavado de Dinero en el Sector Financiero sanciona a toda persona que cometa un acto que contribuya a obstaculizar la procedencia, la recuperación o la confiscación de activos de capital que procedan de un delito.

En cuanto a los delitos de formas graves de corrupción, como sería el caso de Odebrecht, que durante años pagó coimas a funcionarios de Brasil y del extranjero para conseguir contratos (según se desprende de la sentencia en la que fue condenado su presidente hasta diciembre de 2015, Marcelo Odebrecht), el Código Penal establece responsabilidades claras.

De momento, se sabe que las autoridades suizas han investigado a las empresas Smith &Nash Engineering Company; Havinsur, S.A.; Arcadex Corporation; Golac Project; Sherkson y Rodira Holdings, vinculadas directamente a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A., y sospechosas de ser las depositarias iniciales de las coimas.

Según los documentos consultados, a través de ellas se movieron 168 millones de dólares en 8 años, desde 2006 hasta 2014. Determinar el destino final del dinero, que pasaba a cuentas intermediarias abiertas en otros países, como Panamá, Antigua y Barbuda o Austria, es la clave de las indagaciones.

(Publicado por La Prensa, 1 septiembre 2016)