TJUE

Obligar a facturar solo en la lengua oficial, contrario al Derecho de la Unión Europea

La resolución analiza la normativa flamenca que, so pena de nulidad

lunes, 25 de abril de 2016

La obligación de emitir las facturas exclusivamente en el idioma oficial del Estado o la región en la que tenga su domicilio social una de las partes de la operación, cuando ésta tenga carácter transfronterizo, es contrario al Derecho de la Unión Europea (UE). Así lo determinan las conclusiones del abogado general Henrik Saugmandsgaard del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicadas ayer.

La resolución analiza la normativa flamenca que, so pena de nulidad, determina la obligatoriedad de redactar determinados documentos y escrituras -entre ellos, las facturas- en neerlandés. Y examina su compatibilidad con el artículo 35 del Tratado de Funcionamiento de la Unión (TFUE).

El hecho de no permitir el uso de "una lengua libremente elegida por las partes [...] les impide optar por una lengua que ambas dominen y, en particular, por una lengua de uso más común en el comercio internacional", razona el letrado. Además, argumenta que obligar a acudir a una traducción de las mismas supone una carga que puede disuadir a un comprador medio de celebrar un contrato.

Las conclusiones rechazan tanto el monolingüismo como el bilingüismo obligatorio.

Asimismo, ven en la normativa analizada un "efecto disuasorio" para el intercambio comunitario y una fuente de "inseguridad jurídica significativa para ambas partes, debido también a las sanciones tan drásticas que establece" -la nulidad de los documentos-.

Objetivos perseguidos

El Gobierno belga argumentó que la medida pretende la defensa de la lengua oficial de la región flamenca y la facilitación del control administrativo y tributario. Objetivos "legítimos", pero para los cuales las medidas resultan "desproporcionadas", según el letrado. Las normas lingüisticas controvertidas, razona, "van más allá de lo estrictamente necesario para promover el uso de la lengua", existiendo otras fórmulas alternativas.

Por último, las sanciones, a su juicio, resultan demasiado gravosas en relación con los objetivos perseguidos.

(Publicado por El Economista – España, 22 abril 2016)
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