Si el Ejecutivo decide además extender la tarjeta sanitaria a todos los europeos residentes en España, este gasto subiría hasta los 1.000 millones anuales. Ésta era la partida anual que el Estado dedicaba a la atención sanitaria a extranjeros de países europeos. De esa cantidad, nuestro país intentaba recuperar posteriormente el dinero gastado por ciudadanos de países con los que España tenía acuerdo de colaboración. De los 1.000 millones gastados, nuestro país apenas recuperaba cada año 400 millones. De ahí que Rajoy nada más llegar al Gobierno y dentro de las medidas de ajuste de gasto sanitario, reformara a la atención a extranjeros para evitar este tipo de fraude.

Así, hay que recordar que el 1 de septiembre de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy hizo efectiva su reforma de la asistencia sanitaria a extranjeros, con el fin de evitar el fraude que suponía esta cobertura, y procedió a la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, una medida que, según comunicó entonces el Ministerio de Sanidad, afectó a 153.000 personas, lo que produjo un ahorro de los 500 millones de euros al año mencionados.

Desde entonces, según la normativa en vigor, los inmigrantes ilegales tienen derecho en nuestro país únicamente a ser atendidos en urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años. A este respecto, el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, aseguró recientemente en una entrevista en este periódico que esta atención sanitaria en igualdad de condiciones que los españoles ya se ofrece a 185.000 inmigrantes irregulares que tienen derecho por ser menores de edad o mujeres embarazadas. Esta atención le costó al Estado el pasado año 244 millones de euros.

Actualmente, en el caso de inmigrantes irregulares con enfermedades crónicas o graves, Sanidad se compromete a no dejarlos sin tratamiento, aunque la atención se intenta facturar al país de origen si existe convenio de colaboración. De no existir ese acuerdo, el inmigrante es atendido si el facultativo sanitario considera que existe un riesgo vital.

Fraude con Marruecos

Uno de los países con los que hay más problemas en este tipo de convenio es Marruecos. El Convenio Bilateral de Seguridad Social establecido entre España y el reino alauita es especialmente gravoso para España desde una perspectiva económica, según apuntan varios expertos. Ya en un informe de 2012 del Tribunal de Cuentas sobre la Gestión de las Prestaciones de Asistencia Sanitaria alertaba de fraudes habituales en este convenio. El informe alerta sobre el hecho de que personas declaradas oficialmente sin recursos económicos suficientes residan habitualmente en sus Estados de origen, fronterizos con España, y sigan manteniendo la tarjeta sanitaria individual de nuestro país, emitidas por las comunidades autónomas para recibir prestaciones en los centros y establecimientos sanitarios cuando regresen a España. De esta forma, "ciudadanos marroquíes pueden recibir asistencia en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, dado que al no existir un adecuado control sobre este colectivo, cuando abandonan España, las comunidades autónomas no anulan la tarjeta sanitaria individual que emitieron a su favor", aseguraba el Tribunal de Cuentas.

Este tipo de fraude es el que había llevado al Gobierno a plantear volver a dar asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares, pero no concederles tarjeta sanitaria.

Así, el ministro Alfonso Alonso se había comprometido a devolver la asistencia sanitaria a inmigrantes pero estaba "completamente en contra" de que sean titulares de una tarjeta sanitaria que "les daría un derecho en Europa que no existe en ningún otro país", advirtió hace días Alonso. La propuesta lanzada por Sanidad hace escasamente un mes ofrecía a los inmigrantes en situación irregular acceder de manera gratuita a los centros de salud si llevaban empadronados en nuestro país al menos un año. Con estos requisitos, las comunidades autónomas podrán emitir un documento a las personas en situación irregular para poder acceder a la sanidad, pero nunca podrían emitir la tarjeta sanitaria del resto de ciudadanos españoles. El documento permitiría a este colectivo tener la asistencia sanitaria primaria y quedaría a criterio del facultativo derivarles a un especialista. Además, el Estado sufragaría el 60 por ciento de los medicamentos, como en el resto de los usuarios. Ahora, Sanidad ha anunciado una reunión con las regiones el 2 de septiembre para fijar la medida definitiva.

Problemas autonómicos

Y es precisamente la disparidad de criterios en las comunidades autónomas la que puede terminar por generar problemas si se devuelve la sanidad a los ciudadanos indocumentados. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, declaró este fin de semana que la disparidad normativa en materia sanitaria entre comunidades autónomas es "injusta", ya que "genera inequidad e inseguridad jurídica". Y en línea parecida se expresó el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, quien valoró positivamente que se quiera atender a los inmigrantes en las mismas condiciones en todas las regiones pero se preguntó "qué va a pasar con los españoles".

En el fondo del debate subyace la polémica de los diecisiete sistemas sanitarios distintos, con prestaciones que no son iguales y con una inversión que, entre unos territorios y otros, puede alcanzar hasta los 600 euros de diferencia. Así lo clarifica un informe reciente del Consejo Económico y Social (CES), que desgrana el presupuesto sanitario por habitante en España. Mientras que el total nacional asciende a 1.207 euros al año, en Andalucía se queda en 977 euros y en el País Vasco supera los 1.570 euros. Una diferencia que puede pesar ahora aún más si lo que se decide es atender a todos los ciudadanos indocumentados por igual en cualquier territorio.

(Publicado por El Economista - España, 25 agosto 2015)
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