A una semana de la conmemoración de los 40 años del Golpe Militar, la Asociación Nacional de Magistrados -que reúne al 70% de los jueces del país- divulgó ayer una declaración pública en que pide "perdón" a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos e insta a la Corte Suprema a reflexionar "en relación con sus propias actuaciones y omisiones del passado".
La Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial a través de un comunicado informó que "ha decidido no seguir al margen de la necesaria reflexión que a todas las instituciones esenciales de la República cabe en torno a estos hechos".
"Estimamos que no es posible eludir la responsabilidad histórica de nuestra judicatura en relación a la vulneración de los derechos básicos de la persona humana producidos durante el régimen dictatorial. Hay que decirlo y reconocerlo con claridad y entereza: el Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal", añade el texto.
Y continúa manifestando que "nuestra judicatura incurrió en acciones y omisiones impropias de su función, al haberse negado, salvo aisladas pero valiosas excepciones que nos honran, a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención. La inadmisibilidad o el rechazo por parte de nuestros tribunales de miles de recursos de amparo, muchos de los cuales fueron fundadamente interpuestos en nombre de compatriotas de cuya suerte nunca más se supo, la negativa sistemática a investigar las acciones criminales perpetradas por agentes del Estado y la renuencia a constituirse personalmente en centros de detención y tortura, sin duda alguna, contribuyeron al doloroso balance que en materia de derechos humanos quedó tras ese gris período".
"El Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más, máxime cuando fue la única institución de la República que no fue intervenida por el gobierno de facto", agrega el documento.
El escrito dice además que "sin ambigüedades ni equívocos, estimamos que ha llegado la hora de PEDIR PERDÓN a las víctimas, sus deudos y a la sociedad chilena por no haber sido capaces, en ese trance crucial de la historia, de orientar, interpelar y motivar a nuestra institución gremial y a sus miembros, en orden a no desistir de la ejecución de sus deberes más elementales e inexcusables, a saber, el cumplimiento de la función cautelar que en sí misma justifica y explica la existencia de la jurisdicción".
"Este perdón que hoy se pide, lejos de constituir una actitud de animadversión gratuita hacia algún sector, persona o grupo, constituye la genuina expresión de un compromiso férreo y claro en el presente y hacia el futuro de nuestra judicatura con la tutela, protección y promoción de los derechos fundamentales de la persona humana, incluso y muy especialmente en contextos en los cuales estos se vean más expuestos y vulnerables, como garantía de que nunca más a las personas que habitan el territorio de nuestro país les será vedado el acceso a la justicia", enfatiza.
La carta, que generó sorpresa en el pleno de la Corte Suprema -muchos de sus jueces desconocían su contenido hasta entrada la tarde-, había comenzado a gestarse hace días en el seno de la comisión nacional de derechos humanos de la asociación.
Sin embargo, fue a principios de esta semana que los siete directores de esa instancia, en forma unánime, dieron su apoyo a la misiva de dos carillas que se distribuyó ayer.
Según fuentes de la asociación, la iniciativa busca desmarcarse de las actuaciones institucionales que el máximo tribunal tuvo durante el régimen militar y emplazar a la corte a generar un gesto similar.
"Consideramos que esta acción por parte de la asociación queda incompleta si la Corte Suprema no hace una reflexión crítica en los mismos términos respecto de sus propias responsabilidades. Esperamos que tenga en consideración que para los jueces esto es importante y, por tanto, se pronuncie", señaló la vicepresidenta de la asociación, Francisca Zapata.
La declaración de la entidad detalla que los miembros que integraban el máximo tribunal en ese período incurrieron en "acciones y omisiones" mediante la inadmisibilidad y rechazo a recursos de amparos; por la "negativa sistemática a investigar las acciones criminales" y por la “renuencia a constituirse personalmente en centros de detención y tortura".
En el marco del mea culpa que han realizado en los últimos días figuras políticas de distintos sectores, como Hernán Larraín (UDI) y Camilo Escalona (PS), la asociación pide perdón "sin ambigüedades y equívocos" a las víctimas, los deudos y a la sociedad chilena.
El Presidente Sebastián Piñera había apuntado, durante el fin de semana en una entrevista a La Tercera, al rol del Poder Judicial durante el gobierno militar. En esa oportunidad, el mandatario -tal como se señala en la misiva de los magistrados- puso el acento en la actitud pasiva de los tribunales respecto a los recursos judiciales que alertaban sobre las violaciones a los derechos humanos.
Revisión del pleno
La misiva de los magistrados será revisada en un pleno de la Suprema en las próximas horas. "Creo que esto se va a estudiar, no sé si mañana (hoy) o el viernes. Es una decisión que tenemos que ponderarla y calificarla", dijo a Canal 13 el vocero de la Suprema, Hugo Dolmestch.
El ministro también calificó como "dura" la declaración y junto con agregar que "yo no siento como persona que tenga que pedir perdón" también señaló que "las informaciones que llegaron en esa época eran muy sesgadas, casi no había información".
Además de sorpresa, entre los miembros del máximo tribunal existía ayer incomodidad por el emplazamiento de los jueces, quienes por primera vez de manera colectiva explicitaron su incomodidad con el actuar de sus pares en el régimen militar.
Según señalaron algunos de los integrantes de la Corte Suprema contactados por este tema, el contenido del texto deber ser analizado.
Uno de los ministros afirmó que tiene dudas respecto a que exista un pronunciamiento colectivo como el demandado por los magistrados debido a que este tipo de acciones son individuales. En esa línea, recordó que la Corte Suprema en los últimos años se ha manifestado de manera reiterada contra la prescripción de los delitos asociados a violaciones a los derechos humanos.
Agregó que la demanda de los jueces podría ser vista con recelo entre los miembros del máximo tribunal, donde se sostiene que una señal en esa línea del pleno está enfrentado a un "escenario forzado".
(Publicado por La Tercera - Chile, 5 septiembre 2013)