DD.HH.

En Venezuela, 265 víctimas esperan reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana

Venezuela se aparta del sistema interamericano el 10 de septiembre sin cumplir 13 de las 15 sentencias del máximo tribunal hemisférico

martes, 3 de setembro de 2013

Cuando la agente del Estado María Auxiliadora Monagas admitió ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad de Venezuela por las desapariciones forzadas de personas durante la tragedia de Vargas, también ofreció disculpas a los familiares de las víctimas. Alejandra Iriarte, esposa de uno de los desaparecidos, le contestó: "Yo no quiero gestos, yo quiero justicia".

A pesar del allanamiento del Estado, no se cumplió nada de lo dispuesto en la sentencia dictada el 28 de noviembre de 2005: ni la exigencia de investigación y sanción efectiva a los responsables de los excesos policiales y militares, ni las reparaciones pecuniarias, ni (lo más grave) las medidas para garantizar que no sigan sucediendo violaciones de derechos humanos.

La contumacia se ha mantenido hasta el presente, con el agravante de que el 10 de septiembre entra en vigencia la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, resuelta hace un año por el fallecido presidente Hugo Chávez. Venezuela se aparta del sistema regional de derechos humanos y se pierde la jurisdicción de la Corte Interamericana con una deuda por pagar a 268 víctimas que fueron amparadas por el máximo tribunal hemisférico, después de fracasar en el intento de lograr la reparación de los daños sufridos en los juzgados nacionales. Sólo por concepto de indemnizaciones establecidas en 13 de las 15 sentencias condenatorias, se deben $ 9.771.998,95.

La principal deuda está asociada a la impunidad. En todos los casos sigue pendiente el deber de investigar y sancionar a los responsables de los atropellos. En 11 de las 15 sentencias, la Corte Interamericana demostró la violación de los derechos a garantías y protecciones judiciales.

En seis fallos se condenó al Estado por violación de los derechos a la vida y la integridad personal. Los daños en casos de muertes son irreversibles, sin embargo, la reparación se orienta a evitar que se repitan los hechos lesivos mediante la adopción de medidas correctivas y preventivas. En esta materia el incumplimiento es total. Ni siquiera los dos primeros casos (El Amparo y El Caracazo) han servido para que la actuación de los cuerpos de seguridad se ajuste a los estándares internacionales, específicamente en el uso proporcional y progresivo de la fuerza.

En otros cuatro casos fue comprobada la violación de la libertad de expresión y en tres más la debilidad del Poder Judicial por la inestabilidad laboral de los jueces venezolanos. La única sentencia sobre violación de derechos políticos fue impulsada por el ex alcalde de Chacao Leopoldo López, a propósito de su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Oídos sordos. El ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Ayala Corao, explica que la denuncia de la Convención Americana no tiene efectos retroactivos y que la Corte mantiene intactas sus facultades de supervisión del cumplimiento de todas las sentencias que ha dictado sobre Venezuela: “Recibirá información de las partes, convocará a audiencias y emitirá resoluciones hasta que haya cumplimiento cabal y completo. El Estado venezolano no se puede desentender; ningún Estado lo ha logrado".

Ayala Corao lidera las acciones que ha desarrollado el movimiento de derechos humanos en Venezuela para detener la denuncia de la Convención. Solicitaron la suspensión de sus efectos ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pero esta no ha dado respuesta.

En un comunicado publicado hoy, decenas de activistas y académicos alertan a la comunidad internacional: "La desvinculación de Venezuela de las disposiciones contenidas en la Convención debilita y en definitiva quebranta, en forma grosera, el derecho de petición de las personas ante órganos internacionales con el objeto de solicitar el amparo de sus derechos humanos, consagrado en los artículos 33 de la Convención y 31 de la Constitución venezolana".

Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello resume lo fundamental de las pérdidas: “Las víctimas ya no tendrán la posibilidad de ser escuchadas por un tribunal independiente donde ellas puedan decir su verdad. La madre de uno de los fallecidos en la masacre de El Amparo, una viejita que vivía en pobreza extrema, nos decía: 'Yo no quiero plata, a mi hijo no me lo van a pagar como si fuera un becerro. Yo lo que quiero es que el Gobierno reconozca que mi hijo no era un guerrillero”.

Eloísa Barrios: “Me han matado 4 hermanos y 6 sobrinos”

"Cuando mataron al primero, a Benito, todos empezamos a huir de Guanayán. Allí vivíamos todos y estábamos pendientes unos de los otros. Ahora estamos regados por Charallave, Los Teques, Maracay y Valencia. Lo peor es que los fiscales y jueces no han hecho nada para castigar a los culpables y nosotros seguimos en riesgo, nos siguen matando. No es cualquier cosa, me han matado 4 hermanos y 6 sobrinos. El 16 de mayo de este año mataron al último, a mi sobrino Ronny Barrios. Si el Gobierno cumpliera con la sentencia de la Corte Interamericana los muchachos tendrían becas para estudiar, podríamos comprar unas casas para volver a vivir cerca y a todos nos tendrían que dar protección. Vivimos huyendo de los policías que nos han ido matando".

Alejandra Iriarte: “Ya es muy difícil sobrevivir en este cerro”

"De esta casa se llevaron a Óscar. Los primeros día de enero de 2000, después de la tragedia de Vargas, el Ejército llegó por estos barrios con listas de supuestos delincuentes para exterminarlos. Llegaron armados y destrozaron todo. En el juicio se demostró que Óscar fue entregado a la Disip. Todavía estamos esperando que alguien nos diga exactamente qué hicieron con él. Ya yo no quiero saber nada de tribunales, lo que falta es que el Gobierno cumpla. Lo que más nos preocupa es que esta casa se está cayendo. Con la vaguada de 2010, el terreno se hundió más. Ni siquiera porque mi hija es integrante de la selección nacional de volibol y jugó en las Olimpíadas de Beijing, nos han dado una casa. Ya es muy difícil sobrevivir en este cerro".

Los dos puntos de quiebre

Al impulso del TSJ. El 18 de diciembre de 2008, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inejecutable la sentencia que había dictado la Corte Interamericana por la destitución irregular de los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. En esa oportunidad, el TSJ instó al Ejecutivo a denunciar la Convención Americana.

Díaz Peña, "el colmo". El ex presidente Chávez decidió formalizar la denuncia de la Convención Americana, después de que la Corte Interamericana dictó sentencia por la violación del los derechos de Raúl Díaz Peña, condenado por los atentados a sedes diplomáticas. El Gobierno consideró el colmo que se le reprochara haber actuado contra un terrorista.

El Estado venezolano no ha acatado cabalmente las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de los reclusos de ocho centros penitenciarios del país. Desde el momento en que el máximo tribunal hemisférico se pronunció en cada caso hasta el 30 de junio de 2013, un total de 911 presos han muerto y 1.872 han resultado heridos.

Las medidas provisionales se fundamentan en la necesidad de ofrecer protección urgente a las víctimas de violaciones de derechos humanos para evitar daños irreversibles, sobre todo cuando están amenazadas la vida y la integridad personal. Constituyen una de las opciones de tutela inmediata que ofrece el sistema interamericano y que los venezolanos perderán el 10 de septiembre, cuando entre en vigencia la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, formalizada hace un año.

La denuncia no tiene efectos retroactivos, de modo que la pérdida se limita a las violaciones de derechos humanos que ocurran a partir del 10 de septiembre. La Corte Interamericana podrá intervenir y juzgar las acciones u omisiones del Estado venezolano que se registren hasta el 9 de septiembre.

La ultima medida provisional sobre centros penitenciarios venezolanos se dictó el 13 de febrero de 2013, 19 días después de la masacre de Uribana, donde murieron 59 reos, un integrante de la Guardia Nacional Bolivariana y un pastor evangélico.

En esa oportunidad La Corte Interamericana recordó la obligación del Estado: “a) decomisar las armas que se encuentren en poder de los reclusos; b) reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de detención; c) proveer personal capacitado y en número suficiente para asegurar el adecuado y efectivo control, custodia y vigilancia del centro penitenciario; d) separar a los hombres de las mujeres; e) separar a los procesados de los condenados, y f) establecer un mecanismo de supervisión periódica de las condiciones de detención”.

Los registros del Observatorio Venezolano de Prisiones indican que la violencia ha aumentado en todas las cárceles amparadas por la Corte Interamericana. Marianela Sánchez, representante de la ONG, considera que la centralización de los servicios penitenciarios obstaculiza la toma de decisiones y la indolencia de la Defensoría del Pueblo empeora la situación.

Oposición

En la oposición rechazan la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se hará efectiva el 10 de septiembre, así como el silencio del TSJ ante la solicitud de que Venezuela se mantenga en la instancia presentada por académicos y activistas de los derechos humanos.

El coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, aseguró que, ante la parcialización de la justicia en el país, la CIDH es uno de los pocos espacios a los que los venezolanos pueden acudir en busca de justicia ante violaciones de sus derechos humanos.

El diputado recordó que la CIDH es el único organismo que dio justicia en casos como el Caracazo y el Amparo, aunque el Gobierno “se llene la boca” mencionándolos.

"Para Venezuela es una derrota quedar sin una instancia internacional a la cual acudir para hacer valer sus derechos humanos. Quieren manejar el Poder Judicial como dependencia del PSUV y ante eso tenemos que revelarnos radicalmente", agregó Borges.

El presidente encargado de Alianza Bravo Pueblo, Richard Blanco, lamentó que al Presidente no le importe pertenecer a la CIDH ni respetar los tratados internacionales que se han firmado en materia de derechos humanos.

Informó que en una visita que hizo a Argentina se reunió con diputados del Congreso de ese país que le manifestaron preocupación por la situación de los presos, perseguidos y exiliados políticos venezolanos, y se comprometieron a discutir en la plenaria de la Cámara de Diputados un proyecto de rechazo a la violación de los derechos humanos en Venezuela.

Corrupción. Borges reiteró que el país no espera ni necesita una ley habilitante porque ya existen los mecanismos legales para atacar la corrupción.

Apoyó la propuesta de Copei de que el Estado financie a los partidos políticos y así evitar que estos recurran a financiamiento ilícito.

"Sucede en todas las democracias. Sólo Venezuela y Cuba no lo tienen. Es un debate para fortalecer la democracia y los partidos. El Gobierno usa el dinero del pueblo como quiere y castiga a los otros partidos", añadió el parlamentário.

(Publicado por El Nacional - Venezuela, 2 septiembre 2013)
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